Por Soraya Rodríguez Ramos

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Por un sistema de emergencia temprana contra la trata de refugiadas ucranianas

Desde que Putin comenzó la invasión de Ucrania, el pasado 24 de febrero, las fotografías de mujeres dando a luz en estaciones subterráneas de metro, de recién nacidos trasladados apresuradamente a refugios antiaéreos y de millones de personas huyendo del conflicto, nos han conmocionado a todos. Según ACNUR, casi el 90% de los refugiados son mujeres y niños, incluidos menores no acompañados.  A medida que se alarga el conflicto, cada nueva ola de refugiados es más vulnerable que la anterior. Uno de los grandes peligros a los que las mujeres, niñas y adolescentes se enfrentan es el de ser captadas por redes de tráfico con fines de explotación sexual. Este riesgo es de tal magnitud que urge un compromiso común a nivel europeo contra la trata, como parte central de la respuesta humanitaria de la Unión al conflicto. Desde mi escaño en el grupo liberal en el Parlamento Europeo, he instado a la Comisión Europea a priorizar la atención en este importante asunto.

Según un estudio de UNFPA de 2019, alrededor del 67 % de las mujeres ucranianas denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia desde los 15 años y una de cada tres ha experimentado violencia física o sexual. Para millones de mujeres y niñas de Ucrania, incluidas aquellas que han vivido a la sombra del conflicto en el este del país durante los últimos ocho años, la violencia de género es un problema grave que, lamentablemente, conocen muy bien. Antes de la invasión rusa, Ucrania se encontraba ya entre los países con un mayor número de víctimas de trata con fines de explotación sexual de Europa del Este. La OIM estimó que 46.000 ucranianas fueron víctimas de ella entre 2019 y 2021. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) documentó entre diciembre de 2019 y mayo de 2021 la recepción de múltiples informes de episodios de explotación sexual a cambio de alimentos o dinero, como táctica de supervivencia. Ucrania era antes de la guerra un país de origen, tránsito y destino de mujeres, niñas y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

Esta realidad, provocada por la desigualdad, se ha agravado desde el inicio de la guerra de Putin y se está extendiendo por los países limítrofes que están acogiendo personas refugiadas. Además, se estima que 80.000 mujeres darán a luz en los próximos tres meses en Ucrania, muchas de ellas sin acceso a atenciones básicas de salud. La separación de las familias, la falta de recursos y la niñez separada y no acompañada incrementan el riesgo a caer en las redes de tráfico con fines de explotación sexual. En Ucrania, más de 4,9 millones de personas han huido en busca de refugio en países vecinos como Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia y Rumanía, además de otros países europeos. Otros 7,1 millones están desplazados dentro del país (a fecha 18 de abril). En consecuencia, los riesgos de la trata de personas son evidentes. Numerosas ONGs han notificado casos de intento de trata de refugiadas ucranianas en las fronteras o centros de acogida. 

La protección de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes es hoy imperativa en la respuesta que, desde la Unión Europea, demos a la crisis humanitaria derivada del conflicto. Se deben destinar recursos específicos y efectivos para programas de prevención de la violencia por razón de género para proteger a las niñas y mujeres de las redes de trata. Si bien es cierto que la Comisión Europea, en el desarrollo del «Plan común de lucha contra la trata de seres humanos: prevenir la trata de seres humanos y ayudar a las víctimas», ha previsto reforzar la coordinación europea en la acogida de las personas que huyen de la guerra de Ucrania, urgen medidas de emergencia más inmediatas para responder a la urgencia de la actual crisis humanitaria.

En este sentido, me he dirigido a Ylva Johansson, comisaria de Asuntos de Interior, y a Helena Dalli, comisaria de Igualdad, para proponerles la creación de una línea telefónica de emergencia europea para prevenir la captación de refugiados ucranianos por redes de trata de personas, con especial atención a mujeres, niños y niñas. Además, quise señalar la urgencia de seguir tomando medidas para mejorar nuestra coordinación en los pasos fronterizos y las instalaciones de acogida, garantizar un registro preciso de los refugiados y su acceso a la documentación necesaria, incluidos permisos de residencia y servicios esenciales.  

Esta línea telefónica de emergencia europea se trataría de un número de teléfono gratuito, para que las víctimas o las potenciales víctimas de trata de seres humanos entre las personas refugiadas ucranianas en la Unión puedan pedir ayuda o auxilio de manera inmediata e impedir ser captadas por las redes de tráfico de personas. La creación de este número de teléfono de ayuda debe ir acompañada, además de una notable campaña de publicidad del servicio, y de una estrecha coordinación de las fuerzas policiales de todos los Estados miembros. Todo ello es necesario para garantizar que, independientemente del Estado miembro de tránsito donde se encuentre la víctima y solicite la ayuda, la respuesta se coordine a escala de la UE para poder detener a los traficantes y poner a salvo a las víctimas.

Es imprescindible redoblar todos los esfuerzos y poner en marcha medidas específicas para prevenir y combatir la trata de personas procedentes de Ucrania, un problema ya de por sí endémico en el país, que sin lugar a dudas se está viendo exacerbado desde la agresión de Putin. Es una obligación moral, alineada con los principios fundamentales de la Unión, que seamos una zona segura para todas las personas refugiadas, especialmente las más vulnerables.

Mujeres al Frente

Mujeres al frente es un espacio de reflexión dirigido por la política y abogada española Soraya Rodríguez Ramos. Desde 2019, es diputada del Parlamento Europeo en la delegación del partido Ciudadanos. Desde su escaño de eurodiputada, desarrolla un intenso trabajo como Portavoz de Derechos Humanos del grupo Renew Europe, así como por la defensa de la igualdad y derechos de las mujeres como titular de la Comisión de Igualdad, y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, por su compromiso con el cuidado del planeta y la justicia climática.