El Parlamento Europeo ha aprobado el informe “sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo". Esta Directiva, aprobada inicialmente en 2012, se somete ahora a una revisión con el objetivo de corregir las deficiencias identificadas durante su aplicación.

Más de 7 millones de niños están privados de libertad en todo el mundo por diversas razones. El objetivo de este informe es evitar la privación de libertad de los niños, especialmente en aquellos que viven en conflictos; proteger los derechos de los menores; y ofrecer alternativas para que la detención sea la última opción. Todo ello, teniendo en cuenta el cambiante contexto geopolítico reciente, la guerra de Ucrania, la pandemia de Covid-19 y el conflicto entre Israel y Palestina.

Los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente, en particular las mujeres, están cada vez más sujetos a la violencia, cometida en un clima de impunidad casi total. La mayor parte de esta violencia tiene lugar en América Latina y los pueblos indígenas son atacados de manera desproporcionada. Las medidas para hacer frente a la COVID-19 han obstaculizado su trabajo y facilitado las violaciones de sus derechos humanos.

Casi diez años después de la adopción de la Directiva, Soraya Rodríguez fue co-ponente de este informe del Parlamento Europeo en 2021, que analiza los obstáculos para su plena y efectiva aplicación y se ofrecen recomendaciones específicas a la Comisión, a los Estados miembros y a otras partes interesadas. El texto definitivo del informe tuvo una importancia crucial para la preparación de la nueva estrategia (2021-2025) de la Comisión Europea sobre la trata de seres humanos y para la propuesta de revisión de la Directiva europea de diciembre de 2022.