Esta semana se cumplen cuatro años desde la rebelión de abril en Nicaragua. Un momento que nos recuerda la necesidad de seguir reivindicando y trayendo a Nicaragua a la agenda internacional.
Hace tan sólo un año, el 19 de abril, organizamos nuestra primera sesión de Mujeres Al Frente con la situación de Nicaragua a través una conversación con mujeres que trabajan incansablemente en la defensa de los derechos humanos como Gioconda Belli, Doña Vilma Núñez, Suyen Barahona y Dora María Téllez. Ya sabíamos entonces de horror del régimen de Ortega, ya discutimos las pocas probabilidades de un proceso electoral justo a finales de año, ya reivindicamos el fin de la impunidad, de la represión y de las detenciones arbitrarias. Pero, honestamente, hace un año no podíamos imaginar la ola represiva tan brutal que rápidamente iba a seguir desencadenándose.
El aumento de las personas presas políticas fue exponencial, centrándose en todas aquellas que podían suponer un riesgo electoral para Ortega. El Chipote se ha convertido en un verdadero centro de tortura por ell aislamiento al que siguen sometiendo a algunas presas políticas, el acoso constante a sus familias, el trato degradante y las condiciones deplorables. Suyen Barahona y Dora María Téllez, siguen formando parte hoy de los más de 170 presos políticos en las cárceles nicaragüenses. A su vez, tantas y tantas personas siguen saliendo del país, exiliándose, a medida que aumenta la represión y la persecución.
El día 20 de abril, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) -que sigue los casos de numerosos presos políticos- cumplía 45 años desde su fundación. Precisamente, ese día, Asamblea Nacional orteguista colocó en su agenda la cancelación de la personalidad jurídica, además de otras 24 ONGs, sumándose ya 160 organizaciones a la lista de persecución del régimen que empezó en 2018.
Estructuralmente el régimen había preparado el terreno para que esto pudiese suceder, a nivel judicial. Este año, he sido la responsable del último Informe sobre los Derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto (2021). Ayer el servicio exterior de la Unión Europea, publicaba también su actualización anual. En ella señala de forma muy clara que “el sistema judicial en Nicaragua se ha convertido en un brazo de represión de Ortega”. Las elecciones fueron una farsa. Se ha destruido la libertad de prensa y se sigue intentando acabar con el tejido social, aunque no lo consigan.
En Nicaragua, muchas crisis se superponen, pero el espíritu de abril sigue en la resistencia. Recientemente, he tenido la oportunidad de reunirme con el activista ambiental Amaru Ruiz, presidente de la Asociación del Río nicaragüense, en su visita al Parlamento Europeo. La situación de los defensores ambientales en Nicaragua es crítica. También la de los pueblos indígenas. En los últimos años han aumentado los asesinatos y la persecución. La destrucción de la biodiversidad en Nicaragua es alarmante, siendo uno de los países a nivel global con un aumento más dramático de la deforestación.
Asimismo, las mujeres siguen enfrentándose a discriminaciones y agresiones sistémicas. Una de cada cuatro mujeres son violadas y el 83 % de los casos de violencia sexual se producen contra niñas y adolescentes menores de 18 años -un 33% contra niñas menores de 12 años. Según nos indica el Servicio Europeo de Acción Exterior, la violencia de género y los feminicidios continuaron sin cesar: en 2021, las organizaciones de la sociedad civil registraron 71 feminicidios consumados, el mismo número que en 2020, y un aumento de los feminicidios frustrados de 115 a 140.
El aislamiento internacional de Ortega es casi completo. La reciente expulsión del nuncio apostólico Sommertag y la del jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),Thomas Ess, profundizaron aún más este marco de aislamientol. La condena, además, por parte de diferentes países de América Latina en los foros internacionales es creciente e importante, como por ejemplo la última resolución del Consejo de Derechos Humanos.
El grado de horror al que ha llegado la dictadura en Nicaragua es tal que es imposible permanecer en silencio ante ella. Vimos el gesto valiente de Arturo McFields ante la OEA y sabemos que hay muchas más personas como él que desde, bien desde dentro del régimen o bien como funcionarios, en cierto modo son víctimas. Deben dar un paso adelante por Nicaragua poniéndose del lado de la sociedad civil. Queremos una dictadura aislada, pero queremos una Unión Europea cerca del pueblo nicaragüense. La Unión Europea y el Parlamento Europeo, en particular, y lo seguiremos estando. A través de los programas que se financian dedicados a la sociedad civil, también a través del proyecto Protect Defenders.
Sin embargo, hay otros ámbitos donde aún queda mucho margen de acción y que tienen que ver, en primer lugar, con los préstamos que el gobierno de Nicaragua recibe de instituciones financieras. En la última resolución del Parlamento solicitamos al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos con el fin de garantizar la seguridad financiera internacional frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores, así como sus relaciones comerciales y activos en diversos países europeos.
Si no lo evitamos, el régimen de Ortega seguirá hundiendo a la población nicaragüense, el segundo país más pobre de América Latina. A causa de la corrupción generalizada del régimen, el país no sólo se endeuda: con Ortega-Murillo también se empobrece, se vuelve inviable.
En tercer lugar, tenemos que avanzar también en el impacto de las sanciones. Desde el Parlamento Europeo conseguimos que alcanzaran a Murillo. Pero Daniel Ortega también debe ser sancionado, él y todo su círculo familiar, que entienden el país como un patrimonio. Los jueces, que desde el mes de febrero han estado imponiendo sentencias absurdas e ilegítimas a presos políticos, también están violando los derechos humanos. También deben ser objeto de las sanciones de la UE.
En cuarto lugar, creo que debemos también animar a la Unión y a los Estados Miembros a apoyar a las personas nicaragüenses en el exilio. La UE trabaja ya de forma conjunta junto a Costa Rica para apoyar a las comunidades de nicaragüenses en el país. Pero también debemos dar opciones de protección internacional a todos aquellos -activistas, defensores, periodistas- que se encuentran en países de la UE.
Pero por último, recordemos que, según la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha habido al menos 328 muertos en el contexto de las protestas, sin justicia para ellos. Tampoco para los cientos de presos políticos que ya había en Nicaragua antes de la ola represiva de los últimos meses. No podemos olvidarnos de tantas familias. Como señalaba hace unas semanas Doña Vilma Núñez, en Nicaragua la impunidad se ha institucionalizado. Pero si algo también representa el espíritu de abril es ese anhelo de transformación y de esperanza, de unión, al fin y al cabo.
Hace unas semanas la sociedad civil nicaragüense obtuvo una gran victoria, más grande si cabe en un medio tan hostil como al que se enfrentan. El Consejo de Derechos humanos de Naciones Unidas aprobó a finales del mes de marzo una resolución que establecía un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua, designando un grupo de tres expertos para recopilar, analizar, documentar y, sobre todo, preservar la información sobre las violaciones de Derechos Humanos que se vienen sucediendo en el país desde 2018.
Es una victoria de la sociedad civil y del colectivo 46/2. Este colectivo, precisamente, se conformó con organizaciones de Derechos Humanos que han monitoreado la NO implementación por parte del régimen de las recomendaciones que se han hecho desde el Consejo de Derechos Humanos y la oficina de la Alta Comisionada. Sabemos que las recomendaciones podrán seguir siendo desoídas, pero sabemos también que tendremos las pruebas, las evidencias, la documentación, para cuando llegue el día de llevar a los responsables ante la justicia, nacional o internacional. Porque la impunidad no es para siempre. Habrá un abril diferente para Nicaragua y, entonces, sabemos que no habrá paz si hay impunidad.
Fotografía: Jorge Mejía Peralta bajo licencia BY CC 2.0
