El Día Internacional de la Mujer es un día para celebrar los logros alcanzados en materia de igualdad de género, pero también para reflexionar sobre los nuevos desafíos que tenemos por delante. Es un día para demandar una mayor implicación política y social, impulsando acciones concretas para alcanzar una Europa igualitaria y defender los derechos fundamentales de la mitad de la población.
En Europa, las feministas hemos dedicado casi un siglo de esfuerzos. Desde la gradual aprobación del sufragio femenino hasta nuestra elección como parlamentarias nacionales, emergió un movimiento que persiste hoy y se ha extendido en muchos países, llegando incluso a la Unión Europea. La presencia de mujeres en el Parlamento Europeo ha aumentado de manera exponencial desde sus comienzos: en 1979, al principio de la primera legislatura, solo había un 16,6% de eurodiputadas; esa cifra fue aumentando hasta alcanzar el 39,4% actual, un porcentaje por encima del promedio mundial y de la media europea en los parlamentos nacionales.
Es necesario visibilizar la significativa labor parlamentaria llevada a cabo en esta legislatura por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, mayoritariamente integrada por eurodiputadas. No tengo dudas de que este trabajo ha mejorado las oportunidades igualitarias para las mujeres en Europa, contribuyendo a cerrar brechas de género y fomentando una mayor participación femenina en las elecciones. A menudo, lamentablemente, este esfuerzo no recibe el reconocimiento merecido fuera de las instituciones.
Este mandato arrancó con la aprobación y entrada en vigor en agosto de 2019 de la Directiva sobre conciliación de la vida laboral y familiar, cuyo objetivo es mejorar el acceso de las familias a los permisos familiares y a la flexibilidad laboral. Una ley esencial ya que sabemos que 7,7 millones de mujeres están desempleadas debido a las responsabilidades de cuidados. Esta Directiva introdujo ciertas medidas legislativas para modernizar el marco jurídico y político existente en la UE, con el objetivo de mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal, fomentar una distribución más equitativa de los permisos parentales y abordar la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral.
Otras directivas han sido claves para reducir importantes brechas de género en el mundo laboral. En primer lugar, la Directiva para el equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas cotizadas en la Unión Europea (Women on Boards). Cuando aprobamos esta directiva nos encontrábamos con un panorama desolador en la Unión Europea, ya que sólo 9 de los 27 Estados miembros tenían una legislación nacional sobre igualdad de género en los consejos de administración. Al mismo tiempo, siete de cada diez miembros de estos grupos en la Unión Europea eran (y siguen siendo) hombres. Gracias a esta directiva, en los consejos de administración de las empresas tendrá que haber como mínimo un 40% de presencia de mujeres. Si los Estados miembros optan por aplicar las nuevas normas tanto a los administradores ejecutivos como a los no ejecutivos, el objetivo será alcanzar el 33% de todos los puestos de administrador.
Nos encontramos frente a un cambio estructural destinado a abordar la persistente falta de representación femenina en los consejos de administración. Women on Boards ha promovido la adaptación de los procesos de selección para estos roles, garantizando su imparcialidad y transparencia mediante criterios claros y neutrales. Los beneficios de estos ajustes son compartidos por todos, ya que la representación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones no solo refleja principios de igualdad, sino que también respalda los derechos humanos, fortalece la democracia y mejora la eficiencia económica. La evidencia respalda que una mayor diversidad en los consejos de administración contribuye positivamente a la toma de decisiones y los resultados empresariales
En segundo lugar, la Directiva de Transparencia Salarial representa otro hito crucial en esta legislatura. Por primera vez, establece objetivos vinculantes con sanciones para los 27 Estados miembros. Es imperativo recordar que la brecha salarial de género persiste en torno al 13% en la Unión Europea y apenas ha experimentado cambios significativos en la última década. Esto se traduce concretamente en que las mujeres trabajan cada año 50 días gratis en comparación con los hombres.
Esta directiva representa un avance significativo al mejorar la legislación de la UE en tres áreas cruciales: primero, la transparencia salarial, la facilitación de la aplicación del principio de igual salario por igual trabajo o trabajo de igual valor y el fortalecimiento de los mecanismos de aplicación. Cerrar la brecha salarial beneficia a todos los sectores, incluidas las empresas. Por último, valorar de manera equitativa las habilidades y contribuciones de mujeres y hombres no solo promueve una cultura de igualdad, sino que también facilita la contratación y retención de los mejores talentos.
Por ello, esta directiva impone la obligación a las organizaciones de informar a la autoridad nacional correspondiente sobre la brecha retributiva de género identificada. Las compañías con más de 250 empleados deberán hacerlo anualmente, las que tengan entre 100 y 249, cada tres años. Las organizaciones más pequeñas lo harán de forma voluntaria, pero la Directiva deja la puerta abierta a que los Estados miembros también lo exijan.
Este mes de marzo también será crucial la ratificación por parte de la Unión Europea del Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) de la Organización Internacional del Trabajo. En el próximo pleno del Parlamento Europeo, se espera el consentimiento para esta ratificación.
El sesgo de género presente en el acoso laboral en la Unión Europea es motivo de preocupación. Según la encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de 2014, los datos son alarmantes: el 75% de las mujeres en profesiones cualificadas y el 61% en el sector servicios han experimentado acoso sexual. Además, el 32% de todas las víctimas de violencia de género en la UE señalaron a un jefe, compañero o cliente como agresor. Esto significa que, en la Unión Europea, aproximadamente un tercio de las mujeres que han sufrido acoso sexual lo han experimentado en el entorno laboral.
El convenio sobre violencia y acoso representa el primer instrumento internacional que establece estándares mínimos para abordar estas problemáticas en el ámbito laboral. La ratificación de la Unión Europea es un paso histórico, considerando que solo siete Estados Miembros lo han ratificado hasta ahora: Francia, Alemania, Bélgica, España, Grecia, Irlanda e Italia.
Para cerrar esta reflexión, quiero destacar que las mujeres con una presencia más destacada en la esfera pública enfrentan una exposición particular a la violencia en línea. Por ello, cobra especial relevancia la aprobación de la primera Directiva europea para combatir la violencia de género y la violencia doméstica. En esta directiva, hemos alcanzado un hito significativo al criminalizar cuatro formas de ciberviolencia de género: la difusión no consentida de material íntimo o manipulado, el ciberacecho, el ciberacoso y la incitación a la violencia o al odio mediante medios cibernéticos.
Esta directiva se convertirá en la primera legislación a nivel internacional que aborda específicamente el ámbito online de la violencia de género, llenando así un vacío dejado por el Convenio de Estambul, que no incluye esta forma cada vez más común de violencia contra mujeres y niñas.
A pesar de los significativos avances y de la oportunidad que nos brinda este día de sentirnos orgullosas de nuestros logros, el 8 de marzo nos insta a renovar nuestro compromiso por un mundo donde la igualdad no sea solo una aspiración, sino una realidad palpable.
Cada pequeño paso dado representa un ladrillo que contribuye a construir el mundo que anhelamos: un mundo donde las mujeres sean reconocidas y gocen plenamente de sus derechos. Aspiramos a un futuro donde el Día Internacional de la Mujer sea, única y exclusivamente un día de celebración.