Una de cada diez mujeres europeas ha experimentado algún tipo de ciberviolencia desde los 15 años. El 20% ha sufrido acoso sexual cibernético y, de entre ellas, el 77% también ha experimentado al menos alguna forma de violencia sexual o física por parte de su pareja íntima. Hablamos de violencia de género y, en concreto, de la ciberviolencia contra las mujeres. Una violencia que, en una sociedad como la europea, donde más del 90% de los hogares tienen acceso a Internet, se traslada necesariamente a la vida en línea y, a menudo, puede agravarse en la red.
La semana pasada, en el pleno del Parlamento Europeo, hemos aprobado un informe que reclama a la Unión Europea más esfuerzos para terminar con la ciberviolencia de género. En el informe, pedimos una directiva que establezca una definición de derecho penal común de la ciberviolencia de género y armonice las sanciones.
Solo hace falta observar con un poco de atención a nuestro alrededor para ver cómo la violencia en línea afecta de manera muy directa a la población joven, que hace uso del mundo virtual no solo como una herramienta de comunicación sino un espacio público de socialización cada vez más importante. Un proceso que se ha visto acelerado por la pandemia de la COVID-19 y las continuas innovaciones y avances tecnológicos. En España, más del 40% de las adolescentes han admitido haber sufrido acoso online.
Es preciso reconocer y atender al flujo continuo que existe entre la violencia contra las mujeres en el mundo online y offline y la doble dirección de los vectores de la violencia. Tal como sucede en el mundo real, las agresiones en línea se ensañan, a menudo, con las más vulnerables, como las mujeres migrantes o pertenecientes a minorías, las personas LGBTIQ+ o las mujeres con menos recursos. Pero, además, el acoso o stalking en línea puede convertirse en acoso o acecho físico. Según relata el informe, la ciberviolencia se utiliza a menudo como un medio para la trata cibernética, la trata de mujeres con la ayuda de redes informáticas. La trata de personas para fines de explotación sexual tiene también una fuerte dimensión online. A raíz de la pandemia, algunas actividades relacionadas con la trata se han trasladado casi por completo a Internet, incluyendo el reclutamiento, el proceso de promoción de estos delitos, como la explotación en sí. Las víctimas, cada vez más, se reclutan en línea y/o se utilizan imágenes sexuales sin consentimiento en los ámbitos de la prostitución y pornografía. Una extorsión sexual que, a menudo, puede acabar en abusos físicos.
Por ello, necesitamos un marco común europeo para una definición común que nos permita a los Estados miembro afrontar los problemas actuales y futuros con herramientas útiles, duraderas y sobre todo comunes. Necesitamos acciones europeas para unificar la prevención y asistencia a las víctimas, necesitamos coordinación entre los estados, y necesitamos colaboración con las empresas tecnológicas para poder combatir la ciberviolencia de género de manera eficaz. Todo ello solo puede realizarse aunando nuestros esfuerzos. Así lo he defendido en Pleno y así ha sido apoyado por una mayoría de grupos parlamentarios europeos.
Pero, para ello, la violencia de género tiene que ser un eurocrimen y sin embargo sigue sin serlo. Nuestros derechos como ciudadanas se apoyarán en la introducción de la violencia de género como eurocrimen en el artículo 83(1) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por su particular gravedad y su dimensión transfronteriza, como aprobamos pedir a la Comisión Europea en el Pleno del pasado mes de septiembre.
Urge dotarnos de instrumentos jurídicos específicos que aborden y combatan todas las formas de violencia de género a nivel de la Unión Europea, para mejorar la prevención, la defensa y la protección de las víctimas, en el marco de la Estrategia de Igualdad de Género de la UE 2020-2025 y la ratificación e implementación del Convenio de Estambul por parte de la Unión Europea. Todo ello, generará grandes beneficios para la sociedad y apuntalará nuestros avances europeos en clave de igualdad y libertad. Es además un compromiso que la presidenta Von der Leyen contrajo en su discurso de investidura, una responsabilidad que tenemos con las ciudadanas europeas y con toda la sociedad en su conjunto y una deuda con las víctimas. No podemos fallar en nuestro empeño para conseguir una Europa libre de todas las violencias.
