El Parlamento Europeo ha iniciado el trabajo en torno a una de las leyes más importantes de esta legislatura, la Directiva de Diligencia Debida. El pasado 23 de febrero de 2022 la Comisión Europea publicó su comunicación, un primer borrador de la ley y un texto largamente esperado desde la sociedad civil por sus implicaciones en la protección de los derechos humanos en regiones como Latinoamérica. La eurodiputada Soraya Rodríguez es la responsable de la Opinión del Comité de desarrollo sobre el texto por parte del grupo Renew Europe.
Con esta Directiva, la UE se posiciona como un actor clave y pionero en legislación en materia de diligencia debida obligatoria. Y, para volver a las razones, es necesario escuchar las voces de quienes desde hace años han venido reclamando tanto en la UE como fuera de la UE una ley a la altura de los compromisos de un actor normativo que defiende los valores y derechos humanos como parte de su columna vertebral.
Con motivo del evento organizado en el Parlamento Europeo por la eurodiputada Soraya Rodríguez, ésta se ha reunido con Esmeralda Larota y Karem Luque, dos mujeres al frente de la lucha por el medioambiente en Espinar, en Perú. Ambas denuncian la situación que viven y los graves impactos medioambientales que resultan, principalmente, de la actividad minera. Y lo más importante: cómo éstos afectan tanto en la vida y la salud de las personas, y también a sus derechos humanos.
Desde los años 80, se llevan a cabo explotaciones mineras de cobre en Espinar, Perú, destinadas a la exportación a Europa y otros mercados. Estas actividades han sido ampliamente cuestionadas por las comunidades locales debido a los fuertes impactos ambientales, que han afectado a los medios de vida de los habitantes. Distintos análisis han evidenciado altas concentraciones de metales pesados en el agua de consumo humano y en la sangre de los pobladores, causa del aumento de enfermedades entre la población. Además, los efectos de la minería en el medio ambiente y la salud afectan de manera desigual a hombres y mujeres, siendo estas últimas las más perjudicadas.
Al hacer frente a esta situación, la sociedad civil ha enfrentado represión y violencia. Las autoridades han aplicado medidas que criminalizan la protesta social y limitan los derechos humanos. En el caso de Espinar, se han impuesto penas más severas para delitos como disturbios y atentados contra la seguridad común, utilizadas para procesar a líderes sociales y manifestantes. También se ha abusado del Estado de Emergencia, que suspende los derechos humanos, y se han establecido acuerdos entre la Policía Nacional y empresas privadas para brindar seguridad en proyectos extractivos.
El derecho al agua, al medio ambiente saludable y a la consulta previa, libre e informada no ha sido garantizado en Espinar. La futura Directiva de Debida Diligencia deberá establecer un marco que garantice el cumplimiento y la responsabilidad de las empresas e instituciones financieras europeas en relación con estos derechos fundamentales. Nuestro objetivo es que la Directiva de Diligencia Debida se convierta en una ley sólida que respete tanto el medio ambiente como los derechos humanos y que reconozca el papel activo de las comunidades locales en su defensa y establezca vías de acceso a la justicia para las víctimas.
Esmeralda Larota Umasi
Defensora indígena del medioambiente originaria de Huancané Bajo, una comunidad de la provincia de Espinar (Perú). Participa en la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana – AMDETEK y es una comunera afectada en la salud por metales tóxicos en la zona de la presa de relaves Ccamacmayo y las operaciones mineras a cargo de de BHP Billington, Xstrata y finalmente Glencore Antapaccay.
“No somos antidesarrollo, no somos antimineros, queremos que las empresas sean responsables, porque nosotros también somos seres humanos, tenemos derecho a la vida”.
Esmeralda Larota
Karem Lisseth Luque Ticona
Es coordinadora del área de Derechos Colectivos y Medio Ambiente en la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras desde hace 6 años. Como especialista en salud ambiental y humana, ha apoyado y acompañado acciones de monitoreo ambiental y registro de afectados a la salud por metales tóxicos. Participa y asesora en espacios de diálogo en la provincia de Espinar y capacita a las comunidades y organizaciones sociales de base en materia de derechos colectivos y ambientales. Ha colaborado en la creación de una plataforma nacional de afectados/as por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas en Espinar.
